Recientemente
me contaron un suceso que no me resisto a relatar por su relación con el
objetivo de este artículo.
En
una determinada localidad cuyo nombre no viene a cuento ya que puede
extrapolarse a cualquier otra, el Ayuntamiento de la localidad ocupaba la mitad
de un emblemático edificio de la ciudad, en calidad de propietario. El
coeficiente de su participación en los ingresos de la comunidad era tan importante
que cualquier atraso o falta de pago podía provocar un colapso en la tesorería.
Durante
muchos años todo había funcionado con total normalidad. Pero recientemente y, para
sorpresa de los inquilinos, el administrador del inmueble les comunicó que, debido
a que el Ayuntamiento no había pagado los últimos seis recibos mensuales, la
comunidad no podía hacer frente a los gastos y que, el fondo obligatorio para
hacer frente a gastos imprevistos se había agotado.
Ante
aquella situación, el presidente de la comunidad convocó una reunión
extraordinaria para tratar esa complicada y a la vez preocupante situación, a
la que asistió la gran mayoría de los inquilinos y un representante del
Ayuntamiento que, obviamente, no tenía conocimiento, poder ni autorización para
justificar los motivos del retraso. Un propietario llegó a proponer que el
resto de inquilinos realizar una derrama extraordinaria para cubrir la falta de
pago del Ayuntamiento. Esa propuesta fue rechazada de plano. Tras un profundo y
largo debate, como suele suceder en esos eventos, se acordó que si no se podía
hacer frente a los gastos por falta de ingresos, se comunicara al personal
afecto a la finca –conserjería y limpieza- y a los proveedores que, como el
Ayuntamiento no pagaba, no habían fondos suficientes y por consiguiente ellos
no cobrarían hasta tanto la situación se normalizara.
Preguntada
la presidencia, como reaccionaría el personal afectado, su respuesta fue
contundente: que se dirigieran al Alcalde para reclamarle su sueldo. Finalmente,
el Ayuntamiento se puso al corriente de pago y se arregló aquella engorrosa
situación, aunque el temor de que se vuelva a producir flota en el ambiente.
Valga
este ejemplo para hacer un paralelismo con lo que está sucediendo entre la
Generalitat de Catalunya y el Gobierno Central por la negativa de este último
en hacer efectivos los 759 millones de euros correspondientes a la disposición
adicional tercera, reconocido fehacientemente por los dos Gobiernos. Con esa
actitud, el Gobierno Central se pone a la altura del peor moroso.
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