El coste económico de las elecciones. Eliseu Santandreu

Aunque lo recurrente suele ser analizar los motivos, aspectos, conveniencias, efectos y consecuencias políticas que puedan conducir a convocar unas elecciones anticipadas, un aspecto no baladí es el coste económico que supone esas consultas, generalmente desconocido por la mayoría de la ciudadanía.

Según datos publicados por el Ministerio del Interior, el coste de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre fue de 130,2 millones de euros. El detalle corresponde a las siguientes partidas: Logística, destacando el coste de los 92.000 agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado debido al actual estado de alerta: 12,5 millones; Administraciones Públicas: 55,1 millones; Correos: 48 millones; Telecomunicaciones: 12,8 millones y 1,5 millones destinados a imprevistos. Además de esas partidas, una vez transcurridas las elecciones y, en función de los resultados electorales los partidos elegidos reciben 21.167,64 euros por escaño conseguido más 0,81 euros por cada voto obtenido a partir del primer escaño. La suma de esas subvenciones ascendió en las citadas elecciones generales a 26 millones de euros por lo que el coste total de unas elecciones generales supone la cifra de 160 millones de euros.

En los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al pasado año 2015 se presupuestaron 345,38 millones de euros considerando la convocatoria de dos elecciones, lo cual confirma el coste citado para cada una de ellas.

Lo expuesto pone de manifiesto que una nueva convocatoria de elecciones generales supondría un coste de 170 millones de euros lo cual contrasta con las llamadas a la  austeridad a las que nos han acostumbrado. Por lo que respecta al Senado, los partidos que obtienen representación reciben 21.167,64 euros por cada parlamentario obtenido y de 0,32 euros por cada voto.

Un aspecto a resaltar es que cada convocatoria electoral supone una nueva inyección de dinero a los partidos políticos en los términos comentados al tratarse de una nueva convocatoria, aunque éstos deben asumir sus propios costes de publicidad, campaña, etc. lo cual obliga a muchos de ellos a recurrir a créditos bancarios. Los criterios que aplican éstos para conceder o denegar créditos a un partido político se suelen basar en los datos de las encuestas, tanto en la posibilidad del número de escaños como en el número aproximado de votos en función del grado de participación ciudadana. No obstante, esta regla se puede alterar en función de ciertos espurios intereses.

Es absolutamente necesario que los ciudadanos, en su condición de contribuyentes conozcan cuanto les cuesta la realización de unas nuevas elecciones o una “segunda vuelta” ya que se financian con sus impuestos, a fin que puedan valorar desde una perspectiva puramente económica el coste que supone una convocatoria, máxime cuando la decisión de repetirlas pueda obedecer a la incapacidad de los políticos elegidos en las urnas, por no haber sabido interpretar el mandato de los ciudadanos fundamentado expresamente en evitar las mayorías absolutas, que tan nefastos resultados  han provocado cuando las ha habido, obligándoles a constituir pactos estables de gobernabilidad o, lo que es peor, que obedezcan a intereses partidistas, tozudez, intransigencias e intereses personalistas de unos políticos inanes, carentes de todo sentido de Estado, indispensables en estos momentos de inseguridad y turbulencias.  

Por cierto, si se llegan a convocar nuevas elecciones, ¿Qué partidas presupuestarias de carácter social recortarán para financiarlas?