dilluns, 26 d’octubre del 2015

Una evaluación de la economía sumergida. Eliseu Santandreu a Diari Sabadell el 26/9.

Según datos publicados por la Comisión Europea (CE) entre los años 2012 y 2013 en España se dejó de recaudar 24.000 millones de euros en concepto del impuesto del valor añadido (IVA) es decir, en lugar de recaudar durante ese período 141.706 millones de euros por dicho concepto, en realidad fueron 118.002 millones.

En dicho informe también se hace constar que ese “déficit de recaudación” no obedece exclusivamente al fraude fiscal en el pago de ese impuesto, sino también a quiebras e insolvencias de empresas, errores estadísticos, retrasos que acaban resultando incobrables y otras razones vinculadas a la crisis.


Con frecuencia se recurre con facilidad a afirmar que la economía sumergida es debida al abuso de facturas “sin IVA” y a que muchos pequeños negocios y actividades económicas no declaran sus ingresos. Es decir, toda la culpa se hace recaer en los pequeños defraudadores. Siendo ello cierto en parte, se pierde de vista o se soslaya interesadamente que realmente son las grandes empresas las que esquivan el pago de impuestos dado que disponen de muchísimas fórmulas para pagar menos utilizando normativas contables, autóctonas o internacionales, deslocalizaciones de empresas a paraísos fiscales y un exceso y abuso desgravaciones que les permite muchas deducciones antes del pago del impuesto. Al respecto la Agencia Tributaria mientras del total de la recaudación de impuestos del año 2007 el de Sociedades supuso el 22%, en el 2013 fue del 12%, es decir, se redujo diez puntos.

Aunque no existen datos oficiales, obviamente, que cuantifiquen a cuánto asciende el fraude que genera la economía sumergida, distintas fuentes lo sitúa entre el 18% y el 24,6% del PIB. Según la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) el montante asciende a 253.000 millones de euros lo cual implica que España sea el noveno país del mundo que más defrauda tras Estonia, Turquía, Polonia, Grecia, Eslovenia, Hungría, Italia y Portugal, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) Por otro lado, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos afirma que uno de cada cuatro negocios funciona en “B” lo cual equivale a que un millón de empresas mueve su dinero “en negro”

La mayoría de medios especializados coinciden en afirmar que uno de los aspectos que  actúan como barrera para evitar la economía sumergida es la falta de funcionarios en Hacienda. Según la OCDE, en España existe un funcionario de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes mientras en Francia es de 860 y en Alemania de 729. Asimismo, la misma fuente indica que sólo el 30% del personal de la Agencia Tributaria se dedica a funciones de inspección frente al 42% de la media europea. Esto explica que gran parte del fraude prescriba porque  al dilatar la función de inspección por falta de personal y medios técnicos no se cierre el expediente en el tiempo oportuno.
La cantinela de como “aquí todo el mundo roba y yo no quiero ser menos” queda patente en un informe del Euro barómetro de la Comisión Europea por el cual el 63% de los españoles considera que la corrupción le afecta a su vida diaria mientras en la UE la media es del 25%.

Lo más llamativo es la existencia de una doble moral basada en que, aún reconociendo nuestra potencial condición por defraudar, quizás como un ancestro de los pueblos del Mediterráneo, consideramos como algo normal y frecuente con las que convivimos cotidianamente.