Política y economía (Eliseu Santandreu)

El pasado dos de septiembre el Congreso de los Diputados aprobó, gracias a los votos del PSOE y PP -que, por cierto, era la primera vez en mucho tiempo que se ponían de acuerdo en algo fundamental- la reforma del artículo 135 de la Constitución referido a la estabilidad presupuestaria de las Administraciones.

Debo anticiparme a declarar que no emitiré juicios de valor sobre si ese acuerdo ha sido gracias al “rodillo político” con desprecio al resto de fuerzas políticas, si es el mejor acuerdo posible, o si por el contrario es un error. Sin embargo creo oportuno comentar que en la forma en que se ha llevado a cabo han crispado el ámbito de la política, aunque en el fondo ese acuerdo es oportuno. Me limitaré pues a realizar unas simples reflexiones de índole económica que brindo al amable lector.

El aspecto fundamental de esa modificación consiste en que el Estado y las Comunidades Autónomas, no podrán incurrir en un déficit estructural en relación a su PIB (producto interior bruto: valor de todos los bienes y servicios producidos en un país) que supere los márgenes establecidos por la UE.

En primer lugar es conveniente repasar algunos datos: La deuda de las familias ascendía en el mes de julio a 882.420 millones de euros y de ella la deuda hipotecaria se situó en 671.308 millones de euros, es decir el 76%. Por otro lado, la deuda de las empresas se situó en los 1,2 billones de euros. Así, la deuda total de familias y empresas ascendía a más de dos billones de euros, equivalentes a casi tres años del PIB. Pensemos por un momento en una familia que tuviera una deuda equivalente a tres años de sus ingresos futuros y que sus incrementos salariales estuvieran limitados e incluso reducidos. Obviamente, esa situación resultaría insostenible. Pero, aunque también es cierto que esa deuda suele estar concertada a varias decenas de años como es el caso de las hipotecas, el hecho solo de existir mina la solvencia de la familia ante sus acreedores en la medida que les suscita el temor de que no podrá devolverla por lo que les resulta imposible endeudarse más. Eso también sucede en los Estados que están muy endeudados, que generan dudas por lo que en el caso de que alguien les preste dinero siempre será a costa de un mayor coste financiero.

DEFICIT Y GASTO PÚBLICO. En algunos sectores de la sociedad se afirma que el acuerdo pretende poner un techo de gastos. Esa definición es falsa ya que se trata de un techo de déficit que, además se puede elevar si la recesión lo exige.

Analicemos lo que precede. El déficit estructural español en 2011 se estima en un 2.5% del PIB al cual habrá que añadir otro 2.5% del PIB en concepto de intereses de esa deuda, es decir, totaliza un déficit estructural del 5% del PIB, unos 50.000 millones de euros. El pacto alcanzado es que ese déficit no podrá sobrepasar el 0,4%, es decir, reducirlo en más de cuatro puntos.

El déficit es el resultado de unos ingresos menos unos gastos, por lo cual para corregirlo se puede actuar reduciendo gastos e inversiones, sobre todo en lo relativo al despilfarro de gastos de todas las Administraciones o, elevar la presión fiscal, para mantener un cierto estado del bienestar. Por cierto, la presión fiscal en España es de las más bajas de Europa. 

Todo ello, sin olvidar la necesidad de luchar contra la economía sumergida que es una lacra que pesa como una losa y que algunos medios la sitúan en un 20% del PIB. Imaginemos que por arte de magia pudiera aflorar la economía sumergida ¡se podrían conseguir 200.000 millones de euros!

URGENCIA No debemos olvidar que España estuvo en un tris de ser intervenida y que se ha salvado momentáneamente porque la CE compró deuda española, reduciendo la prima de riesgo que llegó a sobrepasar los 400 puntos. Al parecer mucha gente de nuestra sociedad aún no ha entendido –o no quiere hacerlo- que la situación económica de nuestro país es de extrema gravedad aunque ahora no sea el momento de lamentarnos de ello ni de acusar a quienes la causaron. Hay que tomar medidas drásticas para hacer frente a la misma, aunque resulte sangrante y doloroso.

Obviamente, la decisión adoptada supone una cesión de soberanía nacional en materia presupuestaria aunque, si formamos parte de una Europa del Euro, no podemos sustraernos a las ventajas e inconvenientes que ello conlleva.

Para finalizar, deberíamos olvidarnos de dogmatismos demasiado ideológicos y tener una vista pragmática de la realidad actual, tal como hacen los países con mayor visión que nosotros. Por otro lado, no se llegara a soluciones viables hasta que la política no se inmiscuya en la economía y viceversa.