Si nos atenemos a
las estadísticas, nueve de cada diez españoles (92,2%) cree que en España existe
mucho fraude fiscal. Un 88% considera que los impuestos no se cobran con
justicia y un 72% cree que la Administración realiza pocos esfuerzos contra el
fraude, según el Sondeo de Opinión Pública y Política Fiscal publicado recientemente
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Para el 72,3%, los españoles no engañan más a Hacienda por miedo a la
inspección, y el 43,2% está convencido de que casi todos
los contribuyentes engañan lo que
pueden en el momento de declarar sus impuestos con la aquiescencia disimulada
de la Administración. Con un aplastante 84,6% los ciudadanos consultados, considera
que defraudar en los impuestos equivale a engañar al resto de la población.
Si bien el 48% de los encuestados opina que los
impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos,
más de la mitad (55,6%) de ese porcentaje afirma que la sociedad no se beneficia, o lo hace poco de lo que
paga en forma de impuestos y cotizaciones sociales, con
respecto a lo que recibe. En concreto, un porcentaje del 64,6% considera que lo
que recibe del Estado como servicios sanitarios, enseñanza o carreteras menos
de lo que contribuye por impuestos.
La Organización Profesional de Inspectores de
Hacienda del Estado (IHE) considera que si el Gobierno invirtiese más dinero a
la lucha contra el fraude fiscal, redundaría en mayores ingresos y, por
consiguiente, en la reducción del déficit. El secretario del IHE afirma que por
cada euro que se invierte contra el fraude fiscal, se recaudan entre siete y
ocho euros. Un dato significativo al respecto señala que, mientras que la
Agencia Tributaria española cuenta con una plantilla de 27.755 empleados, en
Alemania son 112.291 los dedicados a esas labores.
La Agencia Tributaria (AEAT), ha informado recientemente
que, Hacienda tiene pendiente de cobro en los tribunales más de 6.000 millones
de euros por delito fiscal, de los que 2.000 millones permanecen sin cobrar
desde hace más de cinco años.
Según expertos, en España el fraude fiscal ha
aumentado y se concentra en grandes grupos empresariales, empresas transnacionales
y grandes fortunas personales. La explicación es relativamente sencilla. Estas
grandes empresas disponen de ejércitos de asesores que recurren a todos los
medios legales para complicar y eternizar cualquier caso. El expolio del Palau
de la Música Catalana por parte de Millet y su mano derecha es un caso
paradigmático. Muy lejos queda el colectivo de profesionales liberales y de
servicios, que supone un 15%, aunque siempre han estada señalados con el dedo,
como los más defraudadores.
La AEAT ha informado de las medidas de gestión que
prevé el control de extranjeros para impedir que eludan el pago de impuestos en
España, como es un plan especial de control de fundaciones para recabar
información sobre los fines sociales y de interés general declarados por
entidades que se benefician del régimen especial de entidades sin ánimo de
lucro. En cuanto a las medidas de recaudación, destaca la realización de inspecciones
para embargar la recaudación en locales de deudores abiertos al público y el
refuerzo en el embargo de vehículos de alto valor o gran cilindrada.
Todas esas medidas siempre son bienvenidas, pero
quizás sea preferible atender la opinión de los inspectores sobre la necesidad
de abordar el fraude fiscal con decisión y eficacia, actuando en los focos
donde se produce el mayor fraude,
aunque ello suponga tener que enfrentarse a centros de poder tradicionalmente
intocables. No debe extrañar que mientras Hacienda cobra una deuda tributaria
de 1.000 euros vía ejecutiva en un tiempo record y sin remisión, una deuda de
cientos de miles puede pasar a “pendiente de cobro” durante años, mientras se
resuelve el largo y complejo proceso, con los riesgos consabidos de quedar
prescritos.
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