Responsabilidad de los alcaldes (Eliseu Santandreu)

¿Qué le pasaría a una familia o empresa si no pagará la luz, el agua u otros servicios? Simplemente se le cortaría el suministro hasta que pagara para darlo después de nuevo de alta.

¿Qué le pasaría a un empresario que no pagará los salarios puntualmente a sus colaboradores, las facturas de sus proveedores o sus obligaciones fiscales? Que su titular debería asumir o ejecutar un concurso de acreedores, le ejecutarían los bienes con los que hubiera garantizado la deuda y, en el peor de los casos podría ser objeto de una querella criminal según la gravedad de los hechos.



Sin embargo, en los Ayuntamientos, cuyo Alcalde es el máximo responsable, hasta la fecha nadie ha ejercido lo mismo que ocurriría con una empresa “normal”. Se ha venido entendiendo durante décadas que el máximo edil no tiene responsabilidades porque todo lo aprueba un consistorio que él preside y que, como la crisis ha cerrado el grifo de los ingresos a los que ya estaban acostumbrados gracias a la construcción. Esa es la justificación que dan.
De los 8.112 consistorios registrados en España, al menos 400 de ellos hace mucho que dejaron de pagar el agua, la luz... ahora toca el turno de los proveedores.
El Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante) apenas tiene para pagar las nóminas, que es la prioridad del Consistorio. El concejal de Hacienda ha anunciado que el Ayuntamiento alicantino deja de pagar a los proveedores del ejercicio corriente hasta que haya liquidez suficiente. No se atreve a decir cuando pero sí indica que reanudará el pago de las facturas en función de la mejoría de los ingresos. ¿Qué empresario podría decir eso mismo a sus acreedores? La caja municipal contaba a 30 de septiembre con 290.000 euros disponibles, frente a unas facturas pendientes de pago que ascienden a 11,2 millones,
Según los datos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el 30 por ciento de los ayuntamientos podrían ir este año a la quiebra.
Recientemente las constructoras han dicho basta y han decidido pasar al ataque contra la morosidad de los ayuntamientos. Una oleada de demandas judiciales por la vía contencioso-administrativa, se cierne para reclamar las deudas. No pueden esperar más. Los impagos locales, un virus económico que va pudriendo el tejido empresarial al ritmo de la crisis, las ahogan.
El caso más sintomático es el de las concesionarias de los servicios públicos de limpieza, que suelen ser filiales de constructoras. Los ayuntamientos les deben más de 3.200 millones de euros. FCC, Urbaser (filial de ACS), Cespa (Ferrovial) y Sufi (Sacyr),. en función de la cifra de deuda las empresas suministradoras están demandando a los alcaldes, Existe un consenso en litigar ya que al parecer es la única forma de que “alguien” solucione el problema que desde hace dos años que se arrastra sin visos de solución concreta.
Cómo se podrá cumplir en nuestro país la ley de morosidad cuando las Administraciones son las primeras morosas y, además, sin que se sonrojen.