Califica que algo queda (Article publicat al diari Expansión per l'Eliseu Santandreu el dia 26/10)

Los bancos, las grandes empresas y los Estados pagan a las agencias de calificación de riesgo para que califiquen la deuda de aquellos a quienes van a prestar dinero. Cuanto peor resulte la calificación, mayor es el tipo de interés a exigir y mayor el negocio del prestamista. Esto se debe a que los ratings están integrados en varias normas, reglamentos y mecanismos, de manera que "una rebaja de la calificación crediticia puede tener efectos indirectos y de contagio en un sentido u otro en los mercados financieros.


Aún está reciente en la memoria cuando las agencias otorgaron la máxima calificación –triple A- equivalente a un riesgo “mínimo de impago” a paquetes de deuda que contenían hipotecas basura como fue el caso de Lehman Brothers o a los productos del estafador Madoff. Los resultados revelaron que existieron fallas en los procesos de ratings de las hipotecas subprime que desató la crisis inmobiliaria y provocó que instituciones financieras como Lehman Brothers, Citigroup, UBS y Merryl Lynch entraran en una grave crisis. Hace un tiempo se filtró en la comidilla financiera la actitud de un jefe de productos estructurados de una empresa de calificadores de riesgo forzaba a los analistas a otorgar ratings altos en contra del criterio de los especialistas.

Ante ese panorama, la UE ha considerado -por fin- que Europa ha de tener sus propias sociedades de rating. A tal efecto, la Autoridad Europea del Mercado de Valores elaboró el pasado 16 septiembre de 2009 un reglamento que determina las condiciones organizativas y operativas que deben cumplir las agencias de rating, así como su régimen de registro y supervisión, a fin de evitar el triste y cuestionado papel que han desempeñado en los últimos años y que, en gran parte coadyuvó a la actual crisis. Ese reglamento contempla la creación de la Autoridad Europea del Mercado de Valores con competencias de supervisión sobre las agencias de rating, aunque esta entidad delegará en los organismos supervisores nacionales algunas de sus funciones. Ejercerá sus competencias de conformidad con lo que establezca la normativa de la Unión Europea que entrará en vigor a partir del 2011 supervisando a estas entidades, pudiendo imponer sanciones "sin perjuicio de la capacidad de otras autoridades competentes de la Unión Europea tan como se señala en el citado reglamento 10/2009".

Los gobiernos y reguladores deberían seguir desplegando esfuerzos para reducir su dependencia de las calificaciones crediticias, y cuando sea posible, eliminar o sustituir las referencias a las calificaciones en las leyes, reglamentos, y políticas sobre garantías. Es exigible una vigilancia sobre los conflictos de interés que pudieran surgir de sus informaciones con relación a las calificaciones sobre todo, de la deuda soberana que, con excesiva frecuencia e impunemente inducen directa o indirectamente a una especulación feroz.