En una comunidad de vecinos de un complejo de cien viviendas se suscitó, por parte de la Presidencia la necesidad de efectuar unas obras de gran calado en el edificio, fundamentalmente por dos razones. La primera porque durante veinte años no se habían aplicado las sucesivas normativas en materia de calidad de habitabilidad y la segunda porque todas las instalaciones, accesos, cañerías de gas y del agua a punto de reventar, bajadas rotas, columnas carcomidas y, lo más grave el enorme tejado del edificio exterior aún era de Uralita y hacía tiempo que debía haberse cambiado por un material más moderno y homologado. Esas obras venían obligadas bajo aplicación de fuertes multas en caso de incumplimiento, por lo que podría resultar muy oneroso su aplazamiento sin solución de continuidad.
Tras las preceptivas y clásicas reuniones maratonianas hasta altas horas de la madrugada, no se llegaba a una conclusión en cuanto a la forma de financiar
Finalmente se acordó pedir varios presupuestos. El más favorable fue de un 1,2 millones de euros, por lo que el prorrateo por vivienda era de 12.000 euros que debían pagarse una vez finalizada la obra al cabo de seis meses.
Si las reuniones para aprobar las obras fueron inacabables, por lo menos carecieron de acritud porque en ellas no se tocó el tema crematístico. En cambio, ahora, una vez aprobadas las obras se había de decidir como liquidaría cada inquilino sus 12.000 euros en un plazo de seis meses.
Como el complejo estaba formado por la representación de todas las clases sociales, hubo propuestas en función de las necesidades de cada uno. Desde el que estaba en desempleo y no podía pagar, hasta los del ático que, por lo general son los más pudientes y no pusieron pegas.
La cosa se fue complicando de tal manera que finalmente se recurrió a un experto en finanzas que trabajaba como alto cargo en el banco y también era inquilino.
Su propuesta fue la de emitir bonos para el pago de las obras. Se emitirían 1.200 bonos de 1.000 euros cada uno que vencerían a un plazo de un año y se retribuirían a un tipo anual del 4,75%. Él mismo se encargaría de colocarlos entre en vecindario, por lo que percibiría un 3% en concepto de comisión de colocación y, además, una retribución por el trabajo que le supondría hacer publicidad y dedicación Por supuesto, el edificio avalaría la operación, para el caso de impago.
La idea fue bien acogida por los asistentes que vieron una solución al problema que les agobiaba. Incluso muchos de ellos comentaron que echarían mano de sus ahorros y también comprarían bonos. Así ganarían un 4,75% cuando esos ahorros se les retribuía en ese momento a un escaso 1%. Solución: financiaría su pago y, además, ganaría un buen interés. Negocio redondo.
Sin embargo, a alguien se le ocurrió comentar: ¿y, dentro de un año quién pagará los 1,2 millones de euros por la devolución de los bonos, los 57.000 euros de interés, los 36.000 de comisión y los honorarios del clarividente asesor, es decir más de 1.3 millones de euros ? Sin inmutarse y con una sonrisa de suficiencia, éste último contestó que, naturalmente los inquilinos porque habían emitido los bonos. No obstante, añadió “pero tengan en cuenta que si para entonces no hay liquidez se repite la operación y así cada año hasta su amortización, eso sí, con sus correspondientes intereses y su prima de riesgo cada vez mayor porque estarán más endeudados.
Aunque los afectados no lo veían claro vieron una salida inmediata a sus problemas y, además, una buena rentabilidad en caso de invertir en el invento. Lo que no veían claro era quien devolvería ese montante y, en caso de haber invertido quien le pagaría sus intereses, pero prefirieron pensar en que el problema se había resuelto.
Ahora son muchos los edificios que están optando por esa solución.
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