Sombras del banco malo. Publicat per Eliseu Santandreu a Expansión el 4 d'octubre

Excepto, por su pomposo nombre: Sociedad de Gestión de Activos (SGA) en lugar de banco malo, no supone novedad dado que en otros países como EEUU, Alemania, Suecia, Irlanda o México, ya funciona desde hace años, aunque con distintos resultados. Aquí la decisión ha sido tardía y por el sistema tradicional de hacer las cosas a bandazos, improvisaciones y presiones por parte de Europa.

Esa sociedad se creará con un capital de 8.000 millones de euros, equivalente al 10% de los activos que aportarán los bancos públicos –Catalunya Caixa; Nova Caixa Galicia; Bankia y Banco de Valencia- cuyo 49% lo suscribirá el FROB y, el restante 51% algunas entidades “sanas”, dada la negativa de entidades con capital internacional por la desconfianza de las mismas en la economía española. Las aportaciones de esas entidades sanas podrían ser en activos o en efectivo, aspecto que se está negociando.

El Gobierno espera que esa sociedad produzca beneficios tras la venta, de sus activos durante un período de quince años, previstos por la SGA. Para conseguir esa meta debe darse dos condiciones; a) que los activos se adquieran por un precio de transferencia de los activos tengan una capacidad para  producir plusvalías y b) se sustenta en el supuesto de que durante ese período habrá pasado la crisis y los precios habrán crecido sustancialmente.

Sin embargo lo que parece obviarse es que, alcanzar ese objetivo también dependerá de unos costes que se pasan a detallar a) los propios de la gestión que dependerá de la estructura de que se dote; b) el coste de los suministros necesarios; c) los impuestos que puedan derivarse de la tenencia de los activos hasta su venta; d) el coste de oportunidad del capital invertido; e) el coste del mantenimiento de los activos a fin de que no se desvaloricen; f) el coste de vigilancia y seguridad de los activos y, f) el coste que supondría demoler aquellas obras a medio terminar y los esqueletos de cemento que abundan en todas las CCAA del estado y cuyo mantenimiento en cartera podría sería muy superior al coste del derribo, como ya ha sucedido en Irlanda.

Si esa sociedad no absorbe todos los costes detallados amén de la retribución de los socios minoritarios, no solo no producirá beneficios sino que la diferencia que pudiera darse deberá ser financiada por el Tesoro Público, es decir con los contribuyentes.