Lamentablemente, en
muchos ámbitos y estratos de la sociedad española, aún existe el convencimiento
ancestral de que el dinero que las Administraciones destinan a subvenciones y
ayudas económicas “salen” de sus arcas, ignorando que antes han tenido que “entrar”
en forma de impuestos, tasas, etc.
Una de las causas que ha
conducido a la preocupante situación socio-económica actual, ha sido la
creencia de que el Estado, las CCAA, los Ayuntamientos, y las Diputaciones están
para “dar” subvenciones, subsidios, y ayudas para casi todo.
En bonanza económica, la
abundancia de ingresos permite al erario público ser generoso en ayudas,
aunque, paradójicamente, es en esas épocas cuando no son tan perentorias porque
la gente tiene trabajo e ingresos. En cambio, en tiempos de crisis, cuando la
caja se seca, caen los ingresos y las fuentes de financiación escasean y son
caras, es cuando se recortan las existentes o se niegan las que se solicitan.
En la concesión de las
subvenciones juegan un papel extraordinario las promesas electorales. Ningún
político promete nunca recortar ayudas, es más no repara en prometer lo que
sea, al margen de que se pueda financiar o no. En esos momentos el objetivo es
recolectar votos de gente que cree de buena fe que le solucionará sus
problemas.
Dejando aparte el
aspecto solidaridad de muchas ayudas y subvenciones, que daría lugar a otro artículo, el intríngulis estriba en las
partes afectadas sean. A) Quienes las concede debe explicar los motivos de los
recortes que se ve obligado a hacer, afrontándolo con valor y explicando lo que
quita de una parte y lo que deja de otra, siendo muy conscientes de que con
esas decisiones se puedan estar borrando de un plumazo ventajas históricas. B)
Muchos destinatarios de subvenciones y ayudas también tienen su
responsabilidad, ya que abusar ilegalmente de las mismas no supone solo una
absoluta insolidaridad, sino que perjudican a quienes hacen un uso adecuado de
las mismas, que son los realmente necesitados.
Los gobernantes son unos
simples Administradores del dinero público, por lo que otorga a unos es lo que
pagan otros. El dilema consiste en preguntarse el grado de justicia distributiva
a fin de lograr un equilibrio
justo y, sobre todo realmente solidario.
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