Cuando un cliente que ha sido excelente
durante muchos años, deja de pagar a un proveedor, éste puede optar, para
cobrar sus derechos por: a) Seguir suministrándole lo cual equivale a inflar
más la deuda, b) Exigir más
garantías adicionales c) Cerrar el suministro, emprendiendo las acciones
judiciales que convengan con el fin de recuperar la deuda y d) Negociar una
quita y espera.
Generalmente, ese mismo deudor suele estar
endeudado también con la Seguridad Social, con la Hacienda Pública y con otros
acreedores que, puedan tener prioridad de cobro, por lo que, las posibilidades
de cobro de un proveedor “normal” dependerá del lugar que ocupe en el nivel de
prioridad. Es entonces cuando sale a la luz la realidad: la deuda total impagada
es enorme y el deudor no cuenta ni con liquidez, ni con capacidad futura de
generar suficientes ingresos para hacer frente a la misma.
En última instancia, el acreedor puede acudir
a la Justicia. Pero, esa alternativa suele ser cara y costosa. Si no se dispone
de un crédito preferencial, en el mejor de los casos solo llegará a cobrar un
pequeño porcentaje de las migajas que puedan quedar, tras esperar años y, por
supuesto sin percibir intereses por demora. Si el juez le da la potestad de
embargar bienes del deudor, es muy probable que no haya activo alguno para
resarcirse de la misma.
Una posibilidad que la experiencia ha
demostrado su eficacia, cuando la situación resulta ya muy complicada consiste
en recurrir a una “quita y espera” es decir, condonar un porcentaje de la deuda
y, establecer unos pagos para liquidar lo no condonado, a largo plazo,
generalmente a varios años.
Esta práctica habitual es la que también se
está adoptando en Europa cuando un país no puede hacer frente a sus acreedores,
que pueden ser otros países, bancos, fondos de inversión, etc. cuando su enorme
deuda nunca podrá devolverla. Es el reciente caso de Grecia que ha conseguido que los bancos acreedores,
acepten una quita del 50% de su enorme deuda aliviando el
endeudamiento en unos 100.000 millones de euros.
Pero en ambos casos esos procesos no resultan sencillos
ni cómodos para las partes. El acreedor deberá renunciar a una parte de lo que
le deben y el deudor deberá aceptar, en contrapartida, la intervención de unos
gestores que, en el caso empresarial serán interventores judiciales o impuestos
por el acreedor y, de tratarse de un país deberá aceptar la intervención de una
delegación –troika-, integrada por representantes de la Comisión Europea,
el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI, que realice un sistema de supervisión
permanente. En definitiva, aunque la quita y espera pueda resultar una solución
cómoda para el deudor, deberá pagar el precio de renunciar a su independencia
financiera, de gestión y, sobre todo, aceptar que le serán impuestas unas
durísimas reglas durante muchos años.
Cuando un deudor, sea quien sea, no puede
hacer frente a sus obligaciones es señal inequívoca de que el acreedor se
equivocó al concederle demasiado crédito. Ese es el precio que deberá pagar el
acreedor.
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