Últimamente las Comunidades Autonómicas han recurrido a emitir deuda para financiar sus necesidades de liquidez y el déficit que arrastran fruto de la crisis por un lado y, también, por la falta de previsión en paliar o eliminar gastos, cuando ya asomaba las orejas el lobo.
En cualquier empresa con poca previsión estratégica, cuando fallan sus ingresos lo primero que hacen es una revisión y recorte de gastos, sobre todo de aquellos menos necesarios y suntuarios. No ocurre lo mismo con las Administraciones Públicas que, por razones de promesas electorales, proximidad de elecciones o intereses de partido no toman prevenciones y, así, el endeudamiento crece extraordinariamente. Cuando quieren reaccionar, en ocasiones ya es tarde, debiendo recurrir a endeudarse más y con mayor coste a fin de taponar la hemorragia.
Muchas autonomías han recurrido a la emisión de deuda dirigida a inversores minoritarios, particulares y familias, ofreciendo altos intereses a fin de atraer a los inversores. Por poner algunos ejemplos, la Comunidad Andaluza ha colocado recientemente una emisión de bonos de 500 millones de euros a dos años a un interés del 5,5% anual; la comunidad Balear a un 4,75% a un año; la Comunidad Valenciana al 4,75% a un año, Castilla y León una retribución del 4,75% a cinco años y, Catalunya a un 4,25% o un 4,75% a uno y dos años respectivamente.
Naturalmente, a esos costes financieros deben añadirse un mayor coste para el inversor: las comisiones que perciben las entidades autorizadas para comercializarlos, lo cual supone un buen ingreso para éstas sin asumir riesgo alguno.
Esas emisiones de deuda contrastan con las retribuciones que ofrecen las entidades financieras por los depósitos que varía en función de cada cliente. La diferencia en estos casos es que esas entidades exigen compensaciones y obligaciones por parte del cliente, como nóminas, seguros y otros productos. En cambio, la emisión de deuda pública supone percibir por el inversor un 5,5% en el caso andaluz, durante dos años, ´”llueva o nieve” sin compensación alguna y con la posibilidad de recurrir al segundo mercado si lo precisa.
La rapidez con que se colocan esos títulos es de días e incluso horas, lo cual pone de manifiesto que lo de “patriotismo” es, en realidad, algo que ignora el inversor ya que solo persigue conseguir la mejor alternativa de rentabilidad del mercado, con el menor riesgo posible.
El calificativo “patriótico” es un invento para elevar la conciencia de los ciudadanos a que financien a las Administraciones la elevada deuda a la que han llegado y que no pueden soportar por los medios habituales.
Por otro lado, la recaudación por emisión de deuda lastra un dinero que podría dirigirse al consumo o a la inversión productiva, por lo que las propias Administraciones se constituyen en duros competidores del sistema financiero.
Por lo expuesto propongo que se elimine el eufemismo “patriótico”.
dimecres, 11 de maig del 2011
Los Bonos patrióticos. Eliseu Santandreu
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