Desde el pasado día 13, el Banco de España, junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), podrá recopilar información sobre el número de personas en cada entidad de crédito y empresas de inversión con sueldos de al menos un millón de euros al año, pudiendo transmitir esa información a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) responsable de la vigilancia a escala comunitaria. Y, como responsable de supervisar a las entidades de crédito españolas, el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez analizará al menos una vez al año los posibles riesgos en esas políticas y prácticas de remuneración.
Los consejeros ejecutivos de cinco entidades bancarias más importantes y los altos directivos de los dos mayores bancos, Santander y BBVA, superaron el año pasado el millón de euros de sueldo anual, lo cual equivale a que medio centenar de personas se embolsó el año pasado más de 152 millones de euros. De esa elite, el mejor pagado, un año más, fue Alfredo Sáenz, consejero delegado de Santander, con 9,1 millones, siguiéndole Francisco Luzón, consejero director general de Santander (5,6 millones) y el presidente de BBVA, Francisco González, con 5,3 millones.
Además de esos sueldos de lujo, otro aspecto remarcable es la jubilación de oro que esos directivos se están preparando. Por ejemplo, el banquero mejor retribuido citado señor Sáenz tiene, actualmente, un fondo de pensiones de 86,62 millones de euro. En el supuesto de que una vez jubilado viviera 25 años más, cada año podría rescatar 3,5 millones de euros.
Por otro lado, el Gobierno también limitará los sueldos de los ejecutivos que estén al frente de las entidades que hayan recibido ayudas públicas, como los gestores de las cajas de ahorros que no podrán percibir bonus, salvo autorización expresa del Banco de España.
Además de eliminar los bonus de las cajas de ahorros con ayudas, el texto crea un listado de obligaciones que todas las entidades financieras deberán cumplir. De este modo, tendrán que enviar al Banco de España una lista que identifique los empleados que inciden en el riesgo de la entidad. A su vez, deberán realizar una evaluación interna anual para analizar cómo aplican las nuevas directrices de remuneración. Sus empleados no podrán contratar seguros relacionados con la remuneración.
Estos análisis se actualizarán “al menos”, una vez al año. Después, tendrá que publicar una guía con los criterios de retribución que considera adecuados. La institución, que debe recopilar toda esta información y compararla con el resto de entidades europeas, exigirá al sector saber el número de personas que ganan más de un millón de euros. El Banco de España estará obligado a exigir, en estos casos, el sueldo, los incentivos, las primas y las pensiones acumuladas.
Lo más lamentable de la actual situación es que el ciudadano que es el que paga el pato, por activa o por pasiva asiste perplejo a esos dislates. No entiende nada de lo que está pasando. Se pregunta ¿Cómo es posible que haya una clase una social que vive en un mundo aparte? ¿Cómo es posible que los tijeretazos del Gobierno Central y de los Autonómicos, solo afecten a quienes engordan a los bancos y a las Cajas, mientras sus dirigentes no se aprietan ni un agujero de su cinturón?
Es totalmente inaceptable e incluso atenta a la moral que tengan que ser los Gobiernos quienes regulen, vigilen y ponga coto a las tropelías de quienes presumen de haber incorporado en sus organizaciones la ética y la Responsabilidad Social Corporativa.
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