Hace aproximadamente seis años, un buen amigo mío decidió comprar un piso para primera vivienda. Logró encontrar uno que le satisfizo y aunque era caro, ya que su propietario era un especulador que esperaba ganar un 50% más de lo que le costó solo unos meses atrás, optó por adquirirlo.
Para hacer frente al pago del mismo solicitó una hipoteca en una conocida entidad financiera. Al cabo de unos días le comunicaron que aunque el tasador había valorado el mismo por la cantidad que le costaba, le concedía un 30% más para hacer frente a los impuestos, gastos, muebles, cambio del coche, vacaciones, etc. como muestra de sus ganas por cooperar en su felicidad. En concreto, mi amigo adquirió una deuda equivalente al 130% del piso, del valor del piso tasado en 400.000 euros, por lo que el préstamo ascendió a 520.000 euros. La hipoteca se firmó a cuarenta años con las correspondientes comisiones de apertura, gastos de estudio, intereses, notario y otras bagatelas, obviamente calculados sobre la cantidad concedida.
Hace un año la empresa en la que trabajaba presentó un ERE y poco tiempo después cerró definitivamente, con lo cual se quedó sin trabajo y sin perspectivas de conseguir otro, ya que aunque había sido un buen directivo de una pequeña empresa ya era “muy mayor”, pues tenía 46 años. Lo primero que hizo fue acudir al banco para lograr un aplazamiento de la hipoteca. La entidad se negó a ello amenazándole con ejecutar la vivienda. Mi amigo contestó resueltamente: “se pueden quedar con ella, y asunto resuelto”. Era muy ajeno a que en ese momento se iniciaba su calvario particular.
