La
primera vez que en este país se oyó hablar de la necesidad de hacerse un plan
de pensiones (PP) para el día de mañana no lo dijo un Presidente del Gobierno,
ni un Ministro de Economía ni del Trabajo, ni los Sindicatos ni un comité de
sabios. Fue Emilio Botín, Presidente del Grupo Santander. Ese preclaro banquero
ya intuía hace años que los PP supondría un buen negocio para su entidad y
quiso adelantarse a su competencia.
Es
sobradamente conocido que por causa de la crisis, la mayor probabilidad de vida,
el menor índice de natalidad, la reducción de cotizantes y los mensajes gubernamentales para
quitarse de encima toda responsabilidad en materia de pensiones públicas endosando
el problema a los expertos, suponen aspectos que convergen en la necesidad de
que la gente se preocupe por su futuro una vez se jubile.
En el estado español, los PP suponen unos 100.000 millones de euros, cifra muy inferior a
la de muchos países de nuestro entorno. Algunas explicaciones a esa diferencia pueden
deberse al actual tratamiento fiscal del producto, a las condiciones para su
rescate y a la aversión a las inversiones a largo plazo, máxime a la vista de lo
ocurrido recientemente en el sector bancario y en productos determinados. Los
folletos publicitarios venden la idea de que la aportación en un PP es
deducible de la declaración de IRPF, lo cual supone un ahorro muy importante.
Siendo cierto, obvian que el rescate deberá liquidarse a Hacienda, ya que el
ahorro inicial consiste en diferir el impuesto en el tiempo.
Cuando
la Banca promociona un producto es porque le es rentable. En este caso les
interesa mucho. Durante el último
mes del año se multiplican las campañas para la captación de PP que procedan de
otras entidades ofreciendo
bonificaciones y regalos. Obviamente, no persiguen solo captar el plan, sino otros
productos inducidos como domiciliación de nóminas, cuentas de ahorro, recibos
domiciliados…..
