divendres, 16 de novembre de 2012

Fraude fiscal. Eliseu Santandreu al Diari Sabadell el 13-11.


Si nos atenemos a las estadísticas, nueve de cada diez españoles (92,2%) cree que en España existe mucho fraude fiscal. Un 88% considera que los impuestos no se cobran con justicia y un 72% cree que la Administración realiza pocos esfuerzos contra el fraude, según el Sondeo de Opinión Pública y Política Fiscal publicado recientemente por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Para el 72,3%, los españoles no engañan más a Hacienda por miedo a la inspección, y el 43,2% está convencido de que casi todos los contribuyentes engañan  lo que pueden en el momento de declarar sus impuestos con la aquiescencia disimulada de la Administración. Con un aplastante 84,6% los ciudadanos consultados, considera que defraudar en los impuestos equivale a engañar al resto de la población.

Si bien el 48% de los encuestados opina que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, más de la mitad (55,6%) de ese porcentaje afirma que la sociedad no se beneficia, o lo hace poco de lo que paga en forma de impuestos y cotizaciones sociales, con respecto a lo que recibe. En concreto, un porcentaje del 64,6% considera que lo que recibe del Estado como servicios sanitarios, enseñanza o carreteras menos de lo que contribuye por impuestos.


La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) considera que si el Gobierno invirtiese más dinero a la lucha contra el fraude fiscal, redundaría en mayores ingresos y, por consiguiente, en la reducción del déficit. El secretario del IHE afirma que por cada euro que se invierte contra el fraude fiscal, se recaudan entre siete y ocho euros. Un dato significativo al respecto señala que, mientras que la Agencia Tributaria española cuenta con una plantilla de 27.755 empleados, en Alemania son 112.291 los dedicados a esas labores.

La Agencia Tributaria (AEAT), ha informado recientemente que, Hacienda tiene pendiente de cobro en los tribunales más de 6.000 millones de euros por delito fiscal, de los que 2.000 millones permanecen sin cobrar desde hace más de cinco años.

Según expertos, en España el fraude fiscal ha aumentado y se concentra en grandes grupos empresariales, empresas transnacionales y grandes fortunas personales. La explicación es relativamente sencilla. Estas grandes empresas disponen de ejércitos de asesores que recurren a todos los medios legales para complicar y eternizar cualquier caso. El expolio del Palau de la Música Catalana por parte de Millet y su mano derecha es un caso paradigmático. Muy lejos queda el colectivo de profesionales liberales y de servicios, que supone un 15%, aunque siempre han estada señalados con el dedo, como los más defraudadores.

La AEAT ha informado de las medidas de gestión que prevé el control de extranjeros para impedir que eludan el pago de impuestos en España, como es un plan especial de control de fundaciones para recabar información sobre los fines sociales y de interés general declarados por entidades que se benefician del régimen especial de entidades sin ánimo de lucro. En cuanto a las medidas de recaudación, destaca la realización de inspecciones para embargar la recaudación en locales de deudores abiertos al público y el refuerzo en el embargo de vehículos de alto valor o gran cilindrada.

Todas esas medidas siempre son bienvenidas, pero quizás sea preferible atender la opinión de los inspectores sobre la necesidad de abordar el fraude fiscal con decisión y eficacia, actuando en los focos donde se produce el  mayor fraude, aunque ello suponga tener que enfrentarse a centros de poder tradicionalmente intocables. No debe extrañar que mientras Hacienda cobra una deuda tributaria de 1.000 euros vía ejecutiva en un tiempo record y sin remisión, una deuda de cientos de miles puede pasar a “pendiente de cobro” durante años, mientras se resuelve el largo y complejo proceso, con los riesgos consabidos de quedar prescritos.