dimecres, 24 d’octubre de 2012

Nada es gratis. Eliseu Santandreu. Expansión 22 d'octubre


Lamentablemente, en muchos ámbitos y estratos de la sociedad española, aún existe el convencimiento ancestral de que el dinero que las Administraciones destinan a subvenciones y ayudas económicas “salen” de sus arcas, ignorando que antes han tenido que “entrar” en forma de impuestos, tasas, etc.
 
Una de las causas que ha conducido a la preocupante situación socio-económica actual, ha sido la creencia de que el Estado, las CCAA, los Ayuntamientos, y las Diputaciones están para “dar” subvenciones, subsidios, y ayudas para casi todo.

En bonanza económica, la abundancia de ingresos permite al erario público ser generoso en ayudas, aunque, paradójicamente, es en esas épocas cuando no son tan perentorias porque la gente tiene trabajo e ingresos. En cambio, en tiempos de crisis, cuando la caja se seca, caen los ingresos y las fuentes de financiación escasean y son caras, es cuando se recortan las existentes o se niegan las que se solicitan.


En la concesión de las subvenciones juegan un papel extraordinario las promesas electorales. Ningún político promete nunca recortar ayudas, es más no repara en prometer lo que sea, al margen de que se pueda financiar o no. En esos momentos el objetivo es recolectar votos de gente que cree de buena fe que le solucionará sus problemas.

Dejando aparte el aspecto solidaridad de muchas ayudas y subvenciones,  que daría lugar a otro artículo, el intríngulis estriba en las partes afectadas sean. A) Quienes las concede debe explicar los motivos de los recortes que se ve obligado a hacer, afrontándolo con valor y explicando lo que quita de una parte y lo que deja de otra, siendo muy conscientes de que con esas decisiones se puedan estar borrando de un plumazo ventajas históricas. B) Muchos destinatarios de subvenciones y ayudas también tienen su responsabilidad, ya que abusar ilegalmente de las mismas no supone solo una absoluta insolidaridad, sino que perjudican a quienes hacen un uso adecuado de las mismas, que son los realmente necesitados. 
 
Los gobernantes son unos simples Administradores del dinero público, por lo que otorga a unos es lo que pagan otros. El dilema consiste en preguntarse el grado de justicia distributiva a fin de lograr un equilibrio  justo y, sobre todo realmente solidario.