dijous, 30 de juny de 2011

Austeridad y despilfarro (Eliseu Santandreu)


Un gasto o inversión que no proporciona un bien superior es simplemente un despilfarro, aspecto que se olvida con tanta frecuencia que el despilfarro se constituye algo habitual.

Si bien la existencia de unos excesivos gastos no han sido el origen y causa de la crisis, ante la aparición de la misma urgen recortes o eliminaciones que provocarán el descontento general. Es en esos momentos que los distintos gobiernos (Central, Autonómicos y Locales) tienen que aplicar unas políticas de austeridad para recortar como sea la acción devastadora producida por el despilfarro durante años.

Existe un notable paralelismo entre dirigir un Gobierno, una organización o empresa, con independencia de su actividad y tamaño, partiendo de que todos ellos se basan en dos principios fundamentales: unos ingresos y unos gastos. Compaginar esos dos componentes es la base de toda gestión empresarial, pero no es tan fácil como pueda parecer a primera vista, sobre todo en el ámbito político.

Veamos un caso real. Muchos Ayuntamientos, aupados por los fuertes ingresos registrados en los años buenos como el IBI, concesión de obras e impuestos relacionados con la actividad constructora e inmobiliaria creyeron que aquello duraría toda la vida. Engrosaron las estructuras sin necesidad ni justificación alguna. Se comprometieron con promesas que en aquellos momentos podían resultar alcanzables, pero que cuando se secaron las ubres se encontraron que aquellas promesas estaban por pagar o se tenían que anular. Se habían reducido los ingresos drásticamente pero no el enorme capítulo de gastos.


Es cierto que en épocas de bonanza económica, se producen relajaciones, fruto precisamente de esa favorable situación. En cambio, cuando surgen dificultades para pagar a los proveedores; no se pueden cumplir promesas prometidas; dificultades para conseguir financiación, o no se puede emitir deuda por haber generado la desconfianza de los inversores es cuando se decide “tomar las medidas necesarias para reconducir la situación”, aunque en muchas ocasiones esa situación es ya insostenible.

Los gastos suntuarios, los crecimientos vegetativos sin que aporten valor alguno o las prebendas históricas pasan entonces a ser controladas pasando por un tamiz para eliminarlas. Esa eliminación equivale a reconocer explícitamente que esos gastos eran totalmente prescindibles y, por consiguiente un total despilfarro. Entonces se recurre a recortar todo lo que se ponga por delante como inversiones en infraestructuras, formación, atención a los ciudadanos que, evidentemente supone un alivio inmediato a la tesorería pero con ello se está empeñando el futuro.

Eso es lo que ocurre con la propuesta de adelgazamiento de un 20% de los “consells comarcals” en base a reducir un 43% el número de cargos de confianza, un 23% de sus estructura política y un 17% su estructura interna de sub secciones y servicios, según declaración de la vicepresidenta del Govern. Otro aspecto cuestionado por el ex Presidente Felipe González es el papel de las Diputaciones, para muchos el edén de los políticos que se quiere quitar de en medio. Las cuatro diputaciones catalanas tienen un presupuesto de mil millones de euros y una plantilla de 6.000 funcionarios. No se trata aquí de debatir las funciones de cada una de ellas y los servicios que puedan prestar, pero sí sería interesante clarificar las competencias de cada una de ellas con el fin de eliminar duplicidades que, con toda seguridad se producen. Esos son solo unos simples ejemplos.

Si la mayoría de Administraciones aún subsisten es porque han trasladado sus deudas a los proveedores. Pagan muy tarde –se estima que la media en el Estado Español es de 175 días- y con esa política han colaborado a la desaparición de muchas pymes que no han podido soportar esa carga en sus balances. Además, la existencia de esas deudas genera unos intereses por demora que pasan a engrosar los gastos corrientes del presupuesto y por tanto una nueva carga para el contribuyente.    

Creo sinceramente que no resulta tan difícil aprender esta lección para evitar caer en ella en cada ciclo económico. Pero si se evita el despilfarro, con independencia del momento económico, siempre resultará más fácil reconducir la situación cuando sea necesario y, además, el ciudadano agradecerá vivamente que las Administraciones velen por sus intereses.  Pero, evidentemente, la solución no pasa con incrementar los sueldos de los ediles en unos porcentajes absolutamente injustificables.