dilluns, 9 de febrer de 2015

Sin ánimo de lucro. Per Eliseu Santandreu


Durante la primera mitad del siglo XIX las Cajas de Ahorro iniciaron sus actividades cuya ascendencia habían sido los Montes de Piedad. Esas actividades se caracterizaron por unas estrictas normas restrictivas y en su reducido ámbito geográfico.                
En 1977, en el marco de una incipiente democracia las Cajas de Ahorro estaban bien capitalizadas, contrariamente a la mayoría de Bancos, prácticamente arruinados. La transición política española y la entrada en la UE obligó a profesionalizar las Cajas. Debido a la reestructuración del Estado en 17 Autonomías se inició un proceso de reformas y liberalización de las Cajas, para otorgarles las mismas prerrogativas que los Bancos. Cada autonomía ansiaba disponer de fuentes propias de financiación para sus proyectos y vieron una gran oportunidad en que las Cajas pasaran a estar bajo su jurisdicción.    
Al tratarse de sociedades anónimas, en los bancos son los accionistas quienes adoptan, a través de sus órganos las decisiones más importantes, al tratarse de su propio dinero. Al carecer de accionistas, en las Cajas, las decisiones más importantes las toman los consejeros al frente de los órganos que las regulaban. Esos puestos de consejeros se asignaron mediante el establecimiento de unas cuotas de representación a diversos colectivos como partidos políticos, agrupaciones empresariales y sindicatos.      


Desgraciadamente, el tiempo y la experiencia ha venido a demostrar que los colectivos afectados delegan su representación a personas significativas de su organización por diversas razones, como a) porque desean deshacerse de ellas por inútiles o molestas; b) porque les desean premiar por los servicios prestados, enviándolas al cementerio de elefantes o, c) porque al carecer de nivel para ostentar cargos de mayor relieve, se les daba así la oportunidad de que no incordiasen a cambio de unas bicocas que nunca habían soñado.                                                          
Políticos y representantes de los colectivos implicados asaltaron las Cajas. Sustituyeron a los gestores más expertos y eficaces para enchufar a amigos, familiares y personas afines a sus intereses políticos, asignándoles unos emolumentos desatinados, con la consigna específica de que dieran sus votos a la financiación de empresas de dudosa viabilidad vinculadas al partido; a los intereses personales de sus consejeros o, a obras faraónicas sin ningún interés ni utilidad social, con la pretensión de que sus votantes sabría valorar esos desvelos y así repetir mandato. Todo ello sin perjuicio de la supuesta percepción de comisiones.  
En su afán de competir con los bancos, las Cajas se lanzaron a costosas campañas de captación de recursos y oferta de productos, muchos de ellos de tal complejidad que los empleados encargados de “venderlos” desconocían. Las órdenes que emanaban del órgano superior consistían en endosarlos a los clientes a toda costa, con promesas vacuas, haciendo dejación de las conservadoras políticas de inversiones y crédito que habían caracterizado a las Cajas. Si bien esas políticas les proporcionó una captación enorme de clientes y un espectacular crecimiento, los márgenes financieros eran cada vez más exiguos, con el consiguiente riesgo y considerable incremento de la morosidad, sobre todo por la irrecuperación de los monstruosos créditos concedidos a entidades públicas y privadas de nula rentabilidad y a patrocinar entidades deportivas, ferias y otros eventos de dudoso éxito, con la pretensión de captar un público cautivo, así como otros destinos que obedecían solo a espurios intereses políticos. Dado que las Cajas no pueden acceder a los mercados financieros, para captar recursos recurrieron a ofrecer participaciones preferentes y la concesión desatinada de hipotecas de infausta memoria y gran perjuicio para muchos inversores.  
El  resultado de esas malas prácticas es sobrada y tristemente conocido. Desde que en el año 2009 apareció el primer fiasco -Caja de Castilla La Mancha- se han ido sucediendo la insolvencia de una tras otras de la mayoría de las 49 Cajas que componían ese colectivo, como si de un efecto mimetismo se tratara, como si hubieran pugnado entre ellas sobre cuál lo había hecho peor y había causado más perjuicios. Las Cajas decidieron concentrarse con el resultado de que la fusión o absorción de varias Cajas ruinosas, dieron como resultado una gran Caja quebrada, teniéndose que inyectar unos 100.000 millones de euros en ayudas públicas equivalentes a 2.175 euros por cada ciudadano. Sin embargo, mientras todo eso ocurría la estrategia continuaba siendo la de siempre: “untar” generosamente a consejeros y altos directivos con altos sueldos, vergonzosos fondos de pensiones y millonarias cantidades por su cese.                                 
Actualmente hay 300 dirigentes de Cajas de Ahorro imputados aunque probablemente aparezcan más. Sin embargo, lo más destacable es que muchos de ellos siguen formando parte en los consejos de administración de empresas del Ibex como Telefónica, Banco Santander o Sacyr entre otras, como si nada hubiera ocurrido.
Conclusión: Si las características de las Cajas habían sido la de tratarse de “entidades sin ánimo de lucro” y destinar parte de sus beneficios a la obra social que tanto valoraba el ciudadano, unos indignos y ambiciosos dirigentes las transformaron en “entidades para su lucro personal” con grave perjuicio a los clientes más humildes e indefensos. Es de desear que la Justicia haga honor a su nombre.