dimecres, 25 de maig de 2011

Empleo sumergido. Article publicat per Eliseu Santandreu als diaris El Punt i Avui el 14 de maig.

La economía sumergida alcanza actualmente el 23,3% del PIB en España es decir casi 245.000 millones anuales de euros de los cuales el empleo sumergido derivado de la misma supone unos 82.500 millones de euros. Si se aflorara el empleo sumergido podrían suponer 13.000 millones cada año procedente de la Seguridad Social.

Si la existencia de una economía sumergida siempre resulta dañina, es en las crisis cuando lo resulta más, ya que a los perjuicios propios de ésta se añade un incremento del desempleo, onerosos subsidios y menor aportación a los ingresos públicos. Por otro lado hay que constatar que el desempleo y el empleo sumergido crecen paralelamente. Si uno lo hace, el otro también. Luego resulta un problema enquistado mientras no se logre reducir el desempleo.

El pasado 6 de mayo, el Gobierno aprobó un decreto por el cual los empresarios que lo deseen podrán dar de alta a la Seguridad Social a los empleados que no tienen declarados, sin recibir sanción administrativa, pudiéndose acoger a cualquier modalidad de contratación aunque no podrá ser inferior a seis meses.





Este “período de gracia” finalizará el 31 de julio y, a partir de esa fecha se endurecerán, significativamente, las sanciones administrativas a empresas y trabajadores, sobre todo en aquellos casos en que el trabajador compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos “en negro”.

Desde un punto de vista justo, esa decisión parece razonable y deseable en la medida en que aquellos empresarios o empleadores cuyas empresas actúan ilegalmente son unos insolidarios con aquellos otros que cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales, creando además una competencia desleal, en perjuicio de la economía general y a la sociedad en particular

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha señalado recientemente que el pasado año 2010 las irregularidades descubiertas por la Inspección de Trabajo supusieron 1,2 millones de actuaciones con casi 100.000 infracciones elevadas en acta que supusieron 250 millones de euros y afectaron a más de 570.000 trabajadores a nivel nacional. Si esa es la posibilidad máxima de inspección, ¿Cómo se podrá comprobar el enorme potencial de empresas ilegales? El Gobierno ha afirmado que “espera” dotar de una organización más adecuada a la actual. Pero esas medidas deben ser potentes y eficaces ya que con sólo 824 inspectores y 891 subinspectores de la Seguridad Social, poco se logrará con respecto a años anteriores.

Los técnicos de Hacienda abogan por un plan más ambicioso y de más amplio calado: que también se incluyan medidas específicas contra el fraude fiscal, sobre todo teniendo en cuenta que las empresas ilegales necesitan dinero “negro” para desarrollar su actividad y pagar al trabajador.

Muchos infractores que pueden ser descubiertos, pagarán la multa y persistirán en su empeño porque no entienden su actividad de otra forma o, en el peor de los casos cerrará el local y todos a la calle, sin derecho alguno para los trabajadores. Aunque empresa y trabajador son defraudadores, es la empresa la que tiene la obligación de dar de alta en la Seguridad Social a los trabajadores. Por otro lado, muchos trabajadores, a los que ese “empleo” les supone su única fuente de ingresos no pueden denunciar a su empresa, conscientes que, de hacerlo no encontrarían otra alternativa de trabajo.

El plan no debe limitarse a suavizar durante el período voluntario las condiciones de afloramiento del empleo sumergido y después aplicar las multas. Eso sería pensar solo en términos de afán recaudatorio. El Ministerio de Trabajo también debe pensar en introducir estímulos para convencer a los empresarios que regularicen sus empresas ahora ocultas.

Por último, la Inspección debe distinguir entre empresas legales e ilegales. Lo que ahora no puede hacer es “entrar a saco” en todas las empresas micro y pequeñas para comprobar su situación de legalidad. Debe proceder a detectar las ilegales y centrarse en ellas. Hay que evitar que se pueda denunciar por parte de algunos agentes interesados que se está asfixiando y persiguiendo a las pymes.