dilluns, 16 de maig de 2011

El ciudadano está perplejo. Article de l'Eliseu Santandreu publicat al diari Expansión l'11 de maig


Desde el pasado día 13, el Banco de España, junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), podrá recopilar información sobre el número de personas en cada entidad de crédito y empresas de inversión con sueldos de al menos un millón de euros al año. Esa información la deberá a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) como responsable de la vigilancia a escala comunitaria de los sueldos de los directivos de las esas entidades, la cual será comparada con el resto de entidades europeas, a fin de conocer el nombre de aquellos directivos que ganen más de un millón de euros anualmente.

Así, el Banco de España queda autorizado a exigir, el sueldo, incentivos, premios, primas en todas sus modalidades, así como las pensiones acumuladas siendo el responsable de analizar, como mínimo, una vez al año, los posibles riesgos que pudieran derivarse de esas políticas de remuneración.

Los consejeros ejecutivos de cinco entidades bancarias más importantes y los altos directivos de los dos mayores bancos, Santander y BBVA, superaron el año pasado el millón de euros de sueldo anual. Medio centenar de personas se embolsó el año pasado más de 152 millones de euros. De esa elite, el mejor pagado, un año más, fue Alfredo Sáenz, consejero delegado de Santander, con 9,1 millones, siguiéndole Francisco Luzón, consejero director general de Santander (5,6 millones) y el presidente de BBVA, Francisco González, con 5,3 millones.


Además de esos sueldos de lujo otro aspecto remarcable es la jubilación de oro que esos directivos se están preparando. Por ejemplo, el citado señor Sáenz tiene, actualmente, un fondo de pensiones de 86,62 millones de euro. En el supuesto de que una vez jubilado viviera 25 años más, cada año podría rescatar 3,5 millones de euros, amén de los correspondientes intereses.

Asimismo, el Gobierno también limitará los sueldos de los ejecutivos que estén al frente de las entidades que hayan recibido ayudas públicas, como es el caso de aquellos gestores de Cajas de Ahorros, los cuales no podrán percibir bonus, salvo autorización expresa del Banco de España.

Lo más lamentable de todo ello es que el ciudadano que, por activa o pasiva es el que paga el pato, asiste perplejo a esos dislates. No entiende nada de lo que está pasando. Se pregunta ¿Cómo es posible que exista una clase privilegiada de la sociedad que vive en un mundo aparte? ¿Cómo es posible que los tijeretazos del Gobierno Central y de las Comunidades Autonómicas solo afecten precisamente a quienes engordan a los bancos y a las Cajas, mientras sus dirigentes no se aprietan ni un agujero de su cinturón?

A pesar de reconocer que la medida es oportuna y necesaria, lo más desolador, inaceptable e incluso amoral es que tengan que ser los Gobiernos quienes regulen, vigilen y pongan coto a las tropelías de quienes presumen de haber incorporado en sus organizaciones la ética empresarial y la Responsabilidad Social Corporativa.